Legislación y Marco legal de la prostitución en España

Son muchas las personas que se preguntan cuál es la postura y los detalles legales de España frente a la prostitución, en esta entrada vamos a analizar toda la situación legislativa para que no os queden dudas y nos os puedan pillar en el desconocimiento de vuestros derechos.

Antes de analizar cómo está la situación legal en España, vamos a explicar desde las perspectivas internacionales las actuales posturas legislativas sobre la prostitución:

1. La prohibición registrada de la prostitución. (En EEUU salvo excepciones esta perseguida por ley la compra o venta de pagos sexuales. Aunque esta se oculta en la clandestinidad).

2. La regulación legal de la prostitución. (En Holanda la prostitución está permitida y reglada por el estado, garantizando la protección sanitaria y legal).

3. La regulación parcial de la práctica de la prostitución.  (Como en España).

La regulación en España, viene recogida en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código Penal. Donde la prostitución en si no está penalizada por parte de quien la ejerce pero si a quien la explota o chantajea y cuando ocurren determinados factores como que se ejerza por menores de edad (18 años en España). No obstante, existen organizaciones que desarrollan estas prácticas a espaldas de la ley.

Los delitos relativos a la prostitución y a la corrupción de menores, están tipificados en el Código Penal capítulo V del título VIII, artículos 187-190, que dice así:

Artículo 187

1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de edad o incapaz, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Incurrirán en la pena de prisión indicada, en su mitad superior, y además en la de inhabilitación absoluta de seis años, los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.

3. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados anteriores, en sus respectivos casos, cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.

Penaliza la explotación con menores, excluyendo a las personas mayores de edad por considerar que prestan el consentimiento.

Artículo 188

1. El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o mantenerse en  ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Será castigado con las mismas penas el que directa o indirectamente favorezca la entrada, estancia o salida del territorio nacional de personas, con el propósito de su explotación sexual empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima.

3. Se impondrán las penas correspondientes en su mitad superior, y además la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años, a los que realicen conductas descritas en los apartados anteriores, en sus respectivos casos, prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.

4. Si las mencionadas conductas se realizaren sobre persona menor de edad o incapaz, para iniciarla o mantenerla en una situación de prostitución, se impondrá al responsable la pena de superior en grado a la que corresponda según los apartados anteriores.

5. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la pena prostituida.

Artículo 189 (referido al delito de corrupción de menores).

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:

a) El que utilizare a menores de edad o incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, o financiare cualquiera de estas actividades.

b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio, de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido. A quien poseyere dicho material para la realización de cualquiera de estas conductas se le impondrá la pena en su mitad inferior.

2. Se impondrá la pena superior en grado cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.

3. El que haga participar a un menor o incapaz en un comportamiento de naturaleza sexual que perjudique la evolución o desarrollo de la  personalidad de éste, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses.

4. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento, a un menor de edad o incapaz y que, con conocimiento de su estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal estado, o no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si carece de medios para la custodia del menor o incapaz, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses.

5. El Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, en su caso, a la persona que incurra en alguna de las conductas descritas en el apartado anterior.

Artículo 190

“La condena de un Juez o Tribunal extranjero, impuesta por delitos comprendidos en este capítulo, será equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos de la aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia”.

Cuando se ha sido condenado por un Tribunal o Juez extranjero, se considerará como agravante de reincidencia para el Juez o tribunal español.

Artículo 194

“El que en los supuestos tipificados en los capítulos IV y V de este Título, cuando en la realización de los actos se utilizaren establecimientos o locales, abiertos o no al público, podrá decretarse en la sentencia condenatoria su clausura temporal o definitiva. La clausura temporal, que no podrá exceder de cinco años, podrá adoptarse también con carácter cautelar”.

Y hasta aquí todo, Esperamos haberos servido de ayuda!

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